Comisión Ejecutiva de UAGA-COAG
La decisión del Gobierno de Aragón de prohibir las labores de cosecha y empacado durante los días 26, 27 y 28 de junio pasará a la historia como uno de los mayores errores de gestión de una campaña agrícola. No solo por las enormes pérdidas económicas que ha provocado, sino porque traslada a los agricultores la responsabilidad de un problema cuyo origen es bien distinto: la insuficiencia de medios para prevenir y extinguir incendios forestales.
Desde UAGA-COAG siempre hemos defendido que el riesgo cero no existe. Somos los primeros interesados en evitar cualquier incendio, porque nadie tiene más que perder que quien ve arder su propia cosecha. Llevamos años extremando las medidas de prevención, mejorando los protocolos de trabajo y adaptando nuestra maquinaria para minimizar cualquier riesgo. Precisamente por eso resulta incomprensible que la respuesta de la Administración sea paralizar por decreto toda la cosecha de Aragón durante tres días.
El problema no es cosechar. El problema es que Aragón necesita un dispositivo de prevención y extinción suficientemente dimensionado para responder con rapidez cuando se produce un incendio. La solución no puede ser detener una actividad esencial porque la administración no disponga de medios suficientes para atender varios incendios simultáneamente.
Lo más grave es que esta prohibición se ha aplicado de manera indiscriminada a todo el territorio aragonés, como si las condiciones fueran idénticas en las tres provincias y en todas las comarcas. No existe ninguna justificación técnica que explique por qué un agricultor de una zona de regadío, sin masas forestales próximas, debía dejar su cosechadora parada exactamente igual que otro en una zona con un riesgo mucho mayor. Las restricciones deben ser proporcionadas, motivadas y adaptadas a la realidad de cada territorio, no convertirse en una prohibición generalizada por comodidad administrativa.
Pero tan preocupante como la decisión ha sido la forma en que se gestionó. Lo ocurrido el viernes fue un ejemplo de improvisación difícilmente aceptable en una administración pública.
La información del NAPIF se actualizó alrededor de las 11:15 de la mañana del 26 de junio, con la publicación del mapa con alerta roja para todo Aragón. Sin embargo, poco después, sobre las 13:00 horas, se publicó también una primera orden conjunta de los Departamentos de Hacienda, Interior y Administración Pública y de Medio Ambiente y Turismo fechada, sorprendentemente, el 16 de junio en lugar del 26 de junio. En ella se prohibía el uso de maquinaria que generase chispas únicamente en los montes y en la franja de 400 metros alrededor de ellos, tal y como establece el Decreto 22/2026. Dos horas más tarde, la DGA rectificó su propia orden, corrigió la fecha y eliminó esa referencia a los 400 metros, extendiendo así la prohibición de cosechar y empacar a todo Aragón.
Dos órdenes distintas en apenas unas horas, errores en las fechas, mapas equivocados y modificaciones sobre la marcha. Todo ello mientras miles de agricultores esperaban una explicación que nunca llegó.
Porque si algo ha indignado especialmente al sector ha sido el absoluto silencio político durante todo el fin de semana. Ni la consejera de Agricultura, ni el consejero de Medio Ambiente, comparecieron para explicar una decisión de enorme trascendencia para el campo aragonés. No dieron la cara, no atendieron al sector y no defendieron a quienes representan. Mientras miles de profesionales de la agricultura permanecían obligados a detener su trabajo en plena campaña de cosecha, ambos optaron por desplazarse a Madrid para participar en un acto político. Esta ausencia constituye una falta de respeto hacia todo el sector agrario. Quienes tienen responsabilidades de gobierno deben estar donde están los problemas. Y este fin de semana el problema estaba en Aragón, no en Madrid.
La preocupación, además, no termina aquí. Estamos a las puertas del mes de julio y todo apunta a que volverán episodios de temperaturas superiores a los 40 grados. ¿Va a repetirse esta situación? ¿Se volverá a paralizar la cosecha durante varios días cada vez que aumente el riesgo de incendio?
Porque si la Administración considera que cosechar es una actividad incompatible con el verano y decide prohibirla cada vez que falten medios para la extinción, el mensaje que está trasladando al agricultor es demoledor: no merece la pena sembrar cereal.
Y eso tendría consecuencias mucho más graves que las pérdidas de una campaña. El cereal constituye uno de los pilares de la agricultura aragonesa y de toda la industria agroalimentaria. Es básico para la alimentación humana y animal, sostiene miles de explotaciones familiares y genera actividad económica en todo el medio rural. No podemos permitir que decisiones improvisadas pongan en cuestión el futuro de un cultivo estratégico en Aragón.
Para colmo, el domingo las tormentas descargaron con fuerza en varias zonas de la provincia de Teruel, acompañadas de granizo, arruinando numerosas parcelas de cereal que esperaban a ser recolectadas. Es imposible no preguntarse cuántas de esas pérdidas podrían haberse evitado si los agricultores hubieran podido trabajar con normalidad.
Necesitamos una política de prevención de incendios seria, basada en criterios técnicos, con medios suficientes y con planificación. Lo que no necesitamos son decretazos improvisados que conviertan a los agricultores en el problema cuando, en realidad, forman parte de la solución.
El campo aragonés merece respeto. Merece seguridad jurídica. Y, sobre todo, merece gobernantes que den la cara cuando llegan los momentos difíciles.