Reclaman la inconstitucionalidad del DNU que quitó funciones al Instituto. Denuncian pérdida de poder de negociación, caída de precios y un cambio ‘de facto’ en el modelo del sector.
(NAP) El conflicto en la cadena yerbatera sumó un nuevo capítulo: productores decidieron volver a la Justicia para frenar la desregulación del mercado y reclamar la inconstitucionalidad de las medidas que limitaron el rol del Instituto Nacional de la Yerba Mate.
La presentación judicial apunta directamente contra el Decreto de Necesidad y Urgencia que eliminó facultades centrales del organismo, como la fijación de precios de la materia prima y la regulación de nuevas plantaciones, pilares históricos del esquema de funcionamiento del sector.
Según argumentan los productores, estos cambios no solo alteraron el funcionamiento del instituto, sino que modificaron de hecho el modelo yerbatero vigente durante más de dos décadas, dejando sin herramientas de intervención a un organismo clave para equilibrar la cadena.
El trasfondo del reclamo excede lo estrictamente económico. La demanda plantea que el Poder Ejecutivo avanzó sobre atribuciones del Congreso al modificar por decreto una ley, sin que existieran condiciones excepcionales que lo justificaran.
En ese sentido, los productores sostienen que el DNU implicó un “atajo legislativo” que rompe el equilibrio institucional y altera la naturaleza del Inym, creado precisamente para corregir las asimetrías de un mercado concentrado.
Ese diagnóstico no es nuevo: el sector yerbatero históricamente se caracterizó por la presencia de miles de pequeños productores frente a un número reducido de compradores con fuerte poder de fijación de precios, lo que dio origen al esquema regulatorio en 2002.
Impacto en precios y rentabilidad
Desde la desregulación, los productores advierten un deterioro acelerado de su situación económica. Señalan que el mercado quedó librado a la oferta y la demanda en un contexto de alta concentración, lo que derivó en una caída de los precios de la hoja verde y un debilitamiento de su poder de negociación.
Incluso, sostienen que actualmente muchos productores están cobrando valores por debajo de los costos de producción, con plazos de pago más extensos y menor previsibilidad.
En paralelo, el Inym quedó reducido a funciones residuales, como el control de calidad y la promoción, sin capacidad para intervenir en la formación de precios, uno de los ejes centrales del conflicto.
El avance judicial se da en un contexto de creciente tensión interna en el sector. La imposibilidad de fijar o incluso sugerir precios de referencia profundizó las diferencias entre productores e industria, y dejó al descubierto el nuevo rol limitado del organismo.
Mientras el Gobierno sostiene la necesidad de avanzar hacia un esquema de libre mercado, los productores advierten que el actual escenario reproduce las condiciones de crisis de los años noventa, con riesgos de concentración, abandono de la actividad y pérdida de sustentabilidad en las economías regionales. (Noticias AgroPecuarias)