La iniciativa apunta a modificar las limitaciones sobre el uso de tierras incendiadas. El oficialismo argumenta que la normativa actual castiga a los propietarios.
(NAP) El Gobierno argentino avanza con una reforma de la Ley de Manejo del Fuego en el marco de un paquete legislativo más amplio orientado a fortalecer la propiedad privada y promover inversiones en el sector agropecuario.
La modificación apunta principalmente a revisar las restricciones que rigen sobre los terrenos afectados por incendios. La normativa vigente, ley 26.815, endurecida en 2020, prohíbe durante largos períodos cambiar el uso de esas tierras: hasta 60 años en áreas sensibles como bosques nativos y hasta 30 años en zonas productivas.
Desde el oficialismo sostienen que este esquema terminó generando efectos contraproducentes. Argumentan que, en muchos casos, los productores que sufren incendios quedan imposibilitados de recuperar económicamente sus campos, lo que implica una “doble pérdida”: el daño productivo y la restricción para reconvertir la actividad.
En esa línea, el proyecto según Ámbito.com, busca eliminar los plazos rígidos y volver a un sistema más flexible, donde las decisiones sobre el uso del suelo queden sujetas a regulaciones provinciales y ordenamientos territoriales.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, planteó que la ley actual amplió su alcance más allá de su objetivo original, alcanzando incluso a actividades agrícolas y forestales que, según el Gobierno, no deberían estar limitadas tras un incendio.
La iniciativa se enmarca en una estrategia más amplia que también incluye cambios en la Ley de Tierras Rurales, con el objetivo de facilitar inversiones, especialmente de capital extranjero, en sectores clave de la economía.
Polémica
La modificación fue presentada por el ministro Federico Sturzenegger en el Senado dentro del proyecto de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, que prevé la reforma a la actual ley de Manejo del Fuego.
“No sé bajo qué lógica alguien pensó que esto podía tener algún sentido”, dijo Sturzenegger y precisó que “queremos volver al espíritu original que si hay un bosque nativo y hay un incendio, intencional o no, no se puede cambiar. Ahora, en una producción agropecuaria es un dislate extender este mismo concepto y afectar la propiedad durante 30 años”.
Sin embargo, la propuesta ya genera posiciones encontradas. Mientras desde el agro destacan la necesidad de corregir distorsiones que afectan la producción y la seguridad jurídica, sectores ambientalistas advierten que una flexibilización podría debilitar herramientas clave para evitar la especulación inmobiliaria y proteger ecosistemas sensibles.
El debate recién comienza y promete ser uno de los ejes más sensibles en el Congreso, en un contexto marcado por incendios recurrentes y tensiones entre producción, ambiente y uso del territorio. (Noticias AgroPecuarias)