La decisión oficial de recortar servicios técnicos y avanzar con despidos masivos en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial genera tensión interna y abre interrogantes sobre la calidad, la trazabilidad y la seguridad en la producción agroalimentaria.
La reconfiguración del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) sumó en los últimos días un nuevo capítulo de alta tensión. A la eliminación de más de 1.000 servicios técnicos, formalizada a través de la resolución 42/2026, se le sumó un conflicto institucional por el intento de avanzar con un fuerte recorte de personal, que podría superar los 1.400 trabajadores.
El presidente del organismo, Miguel Romero, rechazó firmar las cesantías solicitadas por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que conduce Federico Sturzenegger, y marcó una línea interna: la reducción de servicios no implicaba, según su interpretación, un ajuste de esa magnitud en la planta. La negativa abrió una disputa dentro del propio instituto, en paralelo a un clima de asambleas y protestas de los trabajadores.
En términos operativos, el impacto más inmediato recae sobre la eliminación de ensayos técnicos clave, muchos de ellos vinculados al control de alimentos, calidad industrial y certificaciones necesarias para el comercio exterior. Entre los servicios discontinuados aparecen análisis sobre contaminantes, vida útil de productos, detección de adulteraciones y estudios de composición en alimentos y bebidas.
Para el sector agropecuario, el alcance es particularmente sensible
La quita de estos controles afecta la certificación de calidad en granos, carnes y economías regionales, así como la detección de residuos veterinarios y micotoxinas. Ensayos como los vinculados a la presencia de deoxinivalenol (DON) en trigo y maíz o la verificación de ADN en soja resultaban herramientas técnicas clave para evitar rechazos en mercados internacionales.
También se ven comprometidos procesos de trazabilidad, fundamentales para exportaciones de carne y productos derivados, donde Argentina debe garantizar estándares sanitarios y de origen. En producciones como la miel, donde el país es uno de los principales exportadores mundiales, la eliminación de controles abre interrogantes sobre la detección de adulteraciones y enfermedades que afectan a las colmenas.
Desde el Gobierno, la medida fue justificada como parte de una política de reducción de gastos y eliminación de servicios considerados no esenciales o subsidiados. El argumento oficial sostiene que muchos de estos ensayos pueden ser realizados por el sector privado y que su financiamiento estatal implicaba distorsiones.
Sin embargo, desde el propio sistema científico-tecnológico y desde sectores productivos advierten que no todos los servicios tienen reemplazo inmediato en el ámbito privado, especialmente aquellos que funcionan como respaldo independiente para certificaciones, transporte de sustancias peligrosas o validaciones exigidas por organismos nacionales e internacionales.
El conflicto en el INTI se da, además, en un contexto más amplio de ajuste sobre organismos técnicos del Estado. En paralelo, trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional anunciaron medidas de fuerza que incluirán un “apagón informativo”, lo que podría afectar la disponibilidad de pronósticos y alertas clave para la planificación agropecuaria.
En este escenario, la combinación de recorte de capacidades técnicas, incertidumbre institucional y pérdida de recursos humanos especializados plantea un interrogante de fondo: cómo sostener estándares de calidad, seguridad y competitividad en un esquema con menor intervención estatal en áreas críticas para la producción y las exportaciones.