Manuel Ruiz Beltrán / Técnico Agropecuario, Guarda Rural y Guarda de Caza
En pleno siglo XXI seguimos hablando —con razón— de la España rural, de su despoblación, de su valor ambiental y de su peso estratégico en la producción de alimentos y energía. Sin embargo, hay una figura profesional que trabaja a diario sobre el terreno, que conoce cada camino, cada finca y cada riesgo del territorio, y que continúa siendo infrautilizada por muchas administraciones: el guarda rural.
El guarda rural no es solo un vigilante de fincas. Es, en la práctica, un observador permanente del medio natural y productivo. Su trabajo se desarrolla donde casi nadie más llega de forma continua: caminos agrícolas, cotos, explotaciones ganaderas, instalaciones aisladas, montes, dehesas, zonas forestales y espacios naturales. Es presencia, prevención y respuesta temprana. Y eso, en seguridad, marca la diferencia.
Hay una realidad que pocas veces se cuenta fuera del sector: en numerosas ocasiones, los guardas rurales son los primeros —y a veces los únicos— en enfrentarse a situaciones de peligro real. Inundaciones, incendios forestales, furtivismo organizado, robos en explotaciones, vertidos ilegales, accidentes en zonas remotas o intervenciones con animales heridos que pueden resultar peligrosos. Muchas de estas actuaciones se producen en solitario, con medios limitados, pero con un conocimiento del terreno que resulta decisivo.
Mientras tanto, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado realizan una labor imprescindible pero necesariamente amplia. Sus efectivos deben cubrir grandes términos municipales, con prioridad lógica en núcleos urbanos, vías principales y zonas de mayor densidad de población. Pretender que puedan abarcar con igual intensidad cada paraje rural, cada explotación dispersa y cada monte es, sencillamente, poco realista. No es una cuestión de voluntad: es una cuestión de recursos y extensión territorial.
Ahí es donde el guarda rural puede —y debe— convertirse en un colaborador estratégico estable.
No se trata de sustituir a nadie, sino de integrar. De reconocer que existe ya una figura habilitada, formada y especializada en entorno rural que puede actuar como auxiliar y apoyo operativo de las fuerzas de seguridad y de los servicios de emergencia. Un profesional que detecta antes, avisa antes y llega antes. En emergencias como incendios o crecidas, minutos de antelación significan hectáreas salvadas y vidas protegidas.
Además, el guarda rural aporta algo que no se improvisa: conocimiento fino del territorio. Sabe qué camino se anega primero, qué cortafuegos está limpio, qué cancela suele estar abierta, qué finca tiene depósito de agua, qué acceso permite entrar a vehículos pesados. Esa información no figura siempre en los mapas, pero sí en la experiencia diaria.
Por eso resulta razonable que las administraciones públicas apuesten de forma decidida por incorporar y coordinar esta figura dentro de sus esquemas de seguridad rural y protección civil. No como recurso anecdótico, sino como pieza estructural: convenios de colaboración, protocolos de comunicación directa, participación en planes de emergencia y presencia en dispositivos preventivos.
Reforzar la figura del guarda rural no es solo mejorar la seguridad del campo. Es también dignificar el entorno que nos alimenta, nos protege y nos sostiene. Porque el medio rural no puede ser el último en la cadena de protección. Y quienes lo custodian cada día no deberían ser los últimos en ser reconocidos.