Ignorar lo que sucede con el Inta es aceptar que el desarrollo argentino sea una pieza de remate. Porque una vez que el conocimiento acumulado se dispersa y el territorio se abandona, no hay decreto ni mercado que pueda recuperar lo perdido.
Mientras se escriben estas líneas, los trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) en toda la Argentina reciben una propuesta de retiro voluntario. El objetivo declarado es eliminar cerca del 20% del personal del organismo.
Es el segundo programa: el primero, a fines de 2024, logró 300 adhesiones, y cuando el Gobierno intentó avanzar con cesantías directas, la Justicia federal las frenó. La estrategia cambió, pero la meta sigue siendo la misma.
Este proceso no ocurre de forma aislada. En abril, el Consejo Directivo aprobó el cierre de 14 agencias de extensión rural en Buenos Aires y Córdoba; en nuestra provincia, las dependencias de Oncativo, La Carlota y Ucacha ya dejaron de existir.
A esto se suma la transferencia para la venta de campos experimentales a la Agencia de Administración de Bienes del Estado, un proyecto que contempla desprenderse de más de 42 mil hectáreas en todo el país.
El emblemático edificio del Inta en Palermo, en la Ciudad de Buenos Aires, ya fue subastado, y los fondos, derivados a Rentas Generales.
El Inta fue creado en 1956 con una misión concreta: generar y transferir tecnología al sector agropecuario. Esa misión se traduce hoy en realidades muy tangibles. Desde la introducción de la siembra directa que revolucionó la agricultura nacional, hasta el desarrollo de variedades locales de soja, trigo y alfalfa, el Inta es el socio estratégico del productor cordobés.
En Manfredi, por ejemplo, los investigadores impulsan proyectos de agricultura de precisión junto a empresas locales, mientras que en la zona centro-sur se desarrollan estrategias vitales contra plagas como el carbón del maní.
Los programas de extensión llevan asistencia técnica a agricultores familiares y medianos productores que dependen de ese acompañamiento para el manejo de suelos y la gestión del agua.
Trabajo de generaciones
Cuando una agencia de extensión cierra, desaparece el vínculo directo entre la investigación pública y quien necesita esa información para producir.
Cuando un investigador con 20 años de experiencia acepta un retiro porque su salario perdió casi el 40% de su poder adquisitivo, se lleva consigo el conocimiento acumulado de dos décadas sobre una variedad vegetal adaptada a nuestro clima o un protocolo de manejo de plagas. Detrás de cada retiro, hay un equipo que se debilita y un territorio que queda huérfano de asistencia.
Lo que el Gobierno presenta como «modernización» o «eficiencia» es, en la práctica, el desmantelamiento de casi 70 años de integración científica con la vida rural. Todo lo que el Inta representa –monitoreo de suelos, formación de técnicos para cooperativas y resolución de problemas concretos– es trabajo de equipos, acumulado por generaciones, que eligieron la carrera pública para servir al territorio.
Es importante poner estos datos en un contexto de desfinanciamiento generalizado: la inversión estatal en investigación en Argentina se redujo un 32,9% sólo en 2024, y alcanzó así su nivel más bajo en medio siglo.
Este escenario es una tendencia global de ataque a la ciencia pública, que en nuestro país encuentra su versión más agresiva y terminal. En el centro de esa tormenta se encuentra el Inta, cuya desarticulación representa un golpe directo al motor del desarrollo regional.
Efecto devastador
El Inta trabaja para los productores y para la cadena agroalimentaria que sostiene la economía de Córdoba. Cada peso invertido generó retornos concretos: estudios internacionales estiman que la investigación agropecuaria pública devuelve entre tres y 20 veces lo invertido, en términos de productividad y capacidad exportadora.
Lo que se destruye ahora llevará décadas reconstruirlo: los campos vendidos no se recuperan y los equipos disueltos no se rearman por decreto.
El Inta, una institución que durante casi siete décadas puso la ciencia al servicio del campo, hoy está siendo vaciada en silencio. Lo que ocurre nos afecta a todos: desde el productor que pierde su asistencia técnica en el territorio, hasta el futuro de una cadena agroalimentaria que no puede competir en el mundo sin el respaldo de la investigación pública.
Ignorar lo que sucede con el Inta es aceptar que el desarrollo argentino sea una pieza de remate. Porque una vez que el conocimiento acumulado se dispersa y el territorio se abandona, no hay decreto ni mercado que pueda recuperar lo perdido.
En un mundo que compite ferozmente por tecnología y sostenibilidad, desarmar la inteligencia aplicada al campo es, lisa y llanamente, decidir que el futuro de Córdoba y del país sea el de meros espectadores de un progreso que ya no nos pertenece.
Por Humberto J. Debat (Investigador del Inta en Córdoba) en La Voz