Gustavo Rosello, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción en Corrientes, analiza el impacto de la paralización de la obra pública nacional en el empleo y la actividad local, y describe los esfuerzos del sector para sostenerse.
El sector de la construcción atraviesa uno de sus momentos más complejos en años. La paralización de la obra pública nacional y la finalización de proyectos en marcha generaron un fuerte impacto en el empleo y en toda la cadena productiva. Así lo expresó Gustavo Rosello, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Distrito Corrientes), quien advirtió sobre un escenario «alarmante» para la actividad en la provincia.
Según detalló, la principal causa de la crisis es el retiro de la obra pública nacional, lo que provocó una pérdida masiva de puestos de trabajo en todo el país. «Se perdieron más de cien mil empleos en la construcción, y cada puesto genera al menos otro más en actividades vinculadas», explicó. En Corrientes, la situación es aún más crítica: actualmente se registran alrededor de 1.500 trabajadores activos en el sector, un número muy por debajo de lo necesario para sostener la actividad.
El impacto no se limita a las obras. La construcción, considerada una «industria madre», arrastra a múltiples rubros como logística, corralones, proveedores de materiales y servicios asociados, muchos de los cuales hoy se encuentran prácticamente paralizados.
Entre las obras afectadas se encuentran proyectos de saneamiento, infraestructura hídrica y viviendas que dependían de financiamiento nacional. Algunas iniciativas fueron absorbidas por la provincia, pero muchas otras quedaron inconclusas, incluso sin pagos pendientes por parte de Nación. «Hay obras de agua y cloacas en distintas localidades que quedaron totalmente paradas, muchas de ellas fundamentales para la salud de la población», señaló.
El panorama tampoco mejora en el ámbito privado. La combinación de costos en alza en dólares, precios de venta estancados y falta de crédito dificulta el desarrollo de nuevos proyectos inmobiliarios. «El costo de construir sigue subiendo, pero el mercado no puede convalidar esos precios. Eso achica la rentabilidad y desalienta nuevas inversiones», explicó Roselló. En ese contexto, muchas obras quedaron a mitad de camino, a la espera de mejores condiciones económicas para continuar.
Otro de los factores que complica al sector es la demora en los procesos administrativos. Desde la presentación de un proyecto hasta su aprobación final pueden pasar meses o incluso años, lo que impacta directamente en los costos y en la viabilidad de las inversiones. Para abordar este problema, se avanza en la conformación de una mesa de trabajo entre el sector privado y el municipio, con el objetivo de agilizar trámites y adaptar normativas.
A pesar del contexto adverso, muchas empresas buscan sostenerse apelando a su estructura histórica y familiar. «Las constructoras hacen todo lo posible para no cerrar: venden activos, ajustan costos y resisten hasta que la actividad se reactive», sostuvo. Roselló destacó que se trata de un sector con fuerte tradición en la provincia, muchas veces sostenido por generaciones.
En relación a la obra de la autovía de la Ruta 12, advirtió sobre la incertidumbre generada por cambios en el esquema de financiamiento y posibles concesiones. Según explicó, el proyecto en análisis contempla mantenimiento de la traza, pero sin ampliaciones estructurales, lo que genera preocupación por la seguridad y la capacidad a futuro. «Se va a arreglar, pero no se va a ampliar. Es un problema pensando en el crecimiento del tránsito», indicó.